El compromiso adquirido por dirigentes latinoamericanos en la Cumbre Mundial de 2005, de proteger a las poblaciones de crímenes masivos, será puesto a prueba. Esta semana, la Asamblea General de las Naciones Unidas comenzó a debatir las propuestas para la aplicación de esta promesa solemne: la de la responsabilidad de proteger.

Este principio estipula que los Estados deben proteger a sus poblaciones de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica, y deben ayudar a otros Estados a actuar en consecuencia. Cuando un Estado incumple manifiestamente sus obligaciones, la comunidad internacional debe tomar medidas oportunas y decisivas para impedir o detener las atrocidades.

Este debería ser un momento de esperanza, puesto que los gobiernos se comprometen a poner en obra sus palabras, pero unos cuantos gobiernos interesados en atenuar este compromiso podrían apoderarse del debate invocando la soberanía a modo de barricada tras la cual sus acciones no puedan ser cuestionadas. Los Estados latinoamericanos, algunos de ellos defensores claves del principio, deben hacerse oír y demostrar que están dispuestos a apoyar el llamado a la acción del Secretario General de la ONU. Se trata de un principio que no se contradice con la soberanía ni con la igualdad de los Estados, ni con el principio de no intervención. Por el contrario, está en total conformidad con el respeto por la soberanía responsable que ha llegado a definir las relaciones entre estos.

La responsabilidad de proteger es expresión práctica de la conciencia acrecentada en nuestra región sobre los estándares universales de derechos humanos respaldados por el derecho internacional. Mi propia experiencia da cuenta de una época cruenta, cuando los regímenes dictatoriales abusaban de la soberanía para cometer crímenes terribles contra su propia población.

En 1975 fui capturado por el régimen militar argentino, torturado y detenido sin proceso por un año y medio. En aquel momento, el uso sistemático de la tortura, las ejecuciones y masacres, la detención arbitraria y prolongada, la desaparición forzada y la violación eran moneda corriente en nuestro continente. Hoy, esos actos son considerados con razón crímenes de lesa humanidad.

No puedo evitar preguntarme si miles de víctimas latinoamericanas podrían haber recibido alguna protección si la norma de la responsabilidad de proteger hubiera estado plenamente establecida en aquella época. En el 2004, el secretario general, Kofi Annan, me nombró su primer asesor especial para la prevención del genocidio. Al año siguiente fui a Costa de Marfil, donde por aquel entonces se vivía una aterradora oleada de matanzas étnicas incitadas por un discurso de odio desenfrenado.

Recordé puntualmente a figuras de ambos bandos que aquellos que incitaran a cometer atrocidades podrían verse procesados por la Corte Penal Internacional. Estas amenazas, así como la intervención diplomática oportuna, lograron atemperar los ánimos y reducir la violencia, una prueba de que la justicia puede tener efectos preventivos y de que la prevención de atrocidades no implica el uso de la fuerza.

Dirigentes latinoamericanos de Argentina, Chile, Perú, Costa Rica y México desempeñaron un papel decisivo en la Cumbre Mundial de 2005 para llegar a un acuerdo sobre la responsabilidad de proteger. Los Estados latinoamericanos deben seguir ese liderazgo, compartiendo nuestras lecciones sobre verdad y justicia frente a las atrocidades en el terreno interno, e impidiendo atrocidades masivas en el regional y global por medio de iniciativas de justicia, mediación y mantenimiento de la paz.

Para decirlo simplemente, la responsabilidad de proteger es la expresión del deseo de respetar y proteger la dignidad humana. Debemos aprovechar la oportunidad del debate de esta semana en la Asamblea General para convertir esta noble promesa en causa de acción.

Julio 29, 2009.

* Asesor del Fiscal de la Corte Penal Internacional para la Prevención del Crimen

Traducido por Luis J Leano.

Se ha hecho mucho alboroto en torno a los planes de asesinatos secretos que había elaborado la CIA, pero que aparentemente nunca fueron aplicados. Poco se ha dicho sin embargo acerca de las operaciones de la CIA que le han costado la vida a cientos de personas en Pakistán, solo en el último año. Estos asesinatos, en los cuales los Estados Unidos buscan golpear personas concretas, es bastante controvertido: supuestamente muchos civiles inocentes han muerto y la legalidad de los asesinatos no es clara.

Al igual que Abu Ghraib se convirtió en el rostro de la política de interrogatorio de EE.UU. en Irak, de la misma forma el espectro de cientos de civiles muertos amenaza los esfuerzos que EE.UU. hace contra el terrorismo en Pakistán. No ha habido un debate público nacional o una significativa supervisión del Congreso sobre los asesinatos selectivos, a pesar de que su estrategia es arduamente controvertida.

Leon Panetta, el director de la CIA, pronunció un discurso en mayo de 2009 estableciendo que “las operaciones ‘Drone’ han sido muy eficaces porque han sido precisas y ha existido un mínimo de daños colaterales”. Pero un mes más tarde, David Kilcullen, un ex alto asesor de contrainsurgencia del Ejército dijo al Congreso que, “Desde 2006, 14 altos dirigentes de Al Qaeda han sido liquidados utilizando ataques “Drone”. En el mismo período han muerto 700 civiles paquistaníes en la misma zona. Los ataques “drone” son altamente impopulares y han dado lugar a un sentimiento de ira entre la población que gira en torno a los extremistas.” Es imposible valorar quien tiene la razón porque las operaciones son clasificadas.  No se conocen los hechos fundamentales acerca de la política de asesinatos selectivos, incluyendo el número e identidad de las personas seleccionadas y cuál es el número de bajas entre los civiles.

Inclusive sin un número preciso, no sorprende que las bajas civiles claramente tengan un impacto negativo.  En Paquistán, el aliado de Estados Unidos más crítico en la lucha anti-terrorísta, el gobierno de Zardari muestra su inhabilidad para parar los ataques y existen versiones en el sentido de que éste, secretamente, está de acuerdo; lo que amenaza  su ya frágil estabilidad.

Quizá la mejor evidencia de que los asesinatos selectivos  afectan las metas de contra- terrorismo y humanitarias, vienen de Afganistán.  En Julio, el General del ejército Stanley McChrystal, el comandante supremo de las fuerzas americanas en Afganistán, ordenó a las tropas retirarse cuando existiera un riesgo de matar civiles, incluso cuando ello significara que combatientes Talibanes escaparan. El Concejero para la Seguridad Nacional James L. Jones  manifestó  al respecto: “En un solo incidente se pueden generar miles de terroristas más de los que se tenían antes del ataque.

Porqué este mismo razonamiento no se aplica en Paquistán? Inclusive las bases legales para soportar la política de asesinatos selectivos está envuelta en el completo misterio. Está la CIA operando bajo las leyes de la guerra, o bajo algunas otras leyes?

Bajo las leyes de guerra, solamente fuerzas armadas organizadas pueden matar durante las hostilidades; agencias civiles como la CIA no lo pueden hacer.  Quién revisa la selección de blancos de la CIA y con qué criterio?  A diferencia de los militares, los cuales tienen leyes de guerra a las cuales someterse, simplemente no se conoce como la CIA selecciona sus objetivos y cómo se decide cuantos  transeúntes civiles pueden ser muertos antes de suspender un ataque aéreo.

Por qué razón los Estados Unidos piensan que tienen el derecho de realizar matanzas en un país que no está en guerra?  Considera la administración Obama –como lo hizo Bush- que los Estados Unidos están en Guerra con al Qaeda, dondequiera y cuandoquiera ellos estén?

Si es así, el argumento amenaza con convertir el mundo entero en un campo de batalla.  Esto debilita los principios que  cuidadosamente ha elaborado  la comunidad internacional – a menudo bajo el liderazgo de los Estados Unidos-  y que se han desarrollada durante décadas para minimizar el daño civil y proteger el derecho a la vida de millones de personas alrededor del mundo.

Quién -en cualquier evento- es un combatiente en tal Guerra global?   Es un cliché señalar que los miembros de al Qaeda no visten uniformes y no funcionan como un ejército regular, y esa es la razón por la cual no pueden ser tratados como prisioneros de guerra.  En consecuencia, si no son combatientes, son civiles y, bajo las convenciones de Ginebra, los civiles solamente pueden ser muertos cuando “participan directamente en las hostilidades”.

El Comité Internacional de la Cruz Roja recientemente clarificó el significado de la participación directa en las hostilidades.  Esta guía responde tales preguntas, como cuándo es legalmente permisible perseguir a un miembro de los Talibanes que es granjero de día, pero porta explosivos en la noche.

Por razones del secreto, no es posible saber si Estados Unidos está sometiéndose a esos principios.   El asunto se reduce entonces a definir que no es suficiente  que quienes hacen las decisiones  simplemente pidan que les crean.  Los riesgos son demasiado elevados y ningún gobierno es infalible.  Para tomar solo un ejemplo, en 2003 la CIA secuestró al ciudadano alemán Khaled el-Masri en Macedonia y lo sometió a cinco meses de tortura en una prisión secreta en Afganistán.  Este fue un caso típico de identidad errónea.  el-Masri está vivo para contar su historia, pero las víctimas de asesinatos selectivos a menudo no tienen esa opción. Errores en la selección de los objetivos, más muertes de civiles y la aplicación de políticas ilegales, ya sea en la percepción o en los hechos mismos, podría dar lugar a terribles confusiones.  La única manera de parar lo que está pasando, es que el gobierno clarifique los estándares legales internacionales bajo los cuales está actuando y provea información relacionada con las personas señaladas como objetivos y las consecuencias de cualquier ataque.  La política de los asesinatos selectivos requiere salir de las sombras de una vez por todas.

*Hina Shamsi es concejero especializado en el proyecto relacionado con las ejecuciones extrajudiciales en la NYU School of Law

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Dos primos, ambos Serbio- Bosnios, fueron hallados culpables por crímenes de Guerra derivados de su responsabilidad en el asesinato de 59 musulmanes en 1992.  Los dos fueron parte de una organización paramilitar durante la Guerra de la Antigua Yugoslavia en los años 90.  El caso en contra de estos dos sindicados fue llevado a la Corte el año pasado.

Milan Luki resultó condenado por asesinato, exterminio, tratamiento cruel, actos inhumanos y crímenes de Guerra y permanecerá el resto de sus días en prisión. El hombre fue aprehendido  en Agosto de 2005 en Argentina. Su primo se entregó en Septiembre del mismo año. Este último fue sentenciado a 30 años por su participación en muchos de los crímenes de Milan.  En Višegrad, donde Sredoje Luki fue miembro de la policía, 59 musulmanes, incluyendo mujeres, niños y viejos fueron encerrados en una casa y quemados vivos. Los sobrevivientes que lograron escapar fueron muertos a tiros.  Se aumentó el poder combustible de la alfombra de la casa con un acelerante, de tal manera que cuando una bomba fue detonada en la estructura de la vivienda, esta se consumió rápidamente.

“Esas personas quemaron nuestras madres, suegras y los hijos de nuestro hermano… ellos no han hecho nada malo”, dijeron algunos testigos.

Los dos primos también estuvieron envueltos en la muerte de más de 60 musulmanes en otro incendio en Bikavac, el cual fue iniciado deliveradamente luego de que las víctimas fueron encerradas adentro, y en la violencia contra prisioneros musulmanes mantenidos en un campo de detención en Uzamnica.

Adicionalmente Milan Luki fue procesado por haber secuestrado 7 hombres musulmanes de una fábrica en Višegrad  y haberlos asesinado luego en las riveras del rio Drina conforme a los relatos de algunos testigos, entre ellos la esposa y la hija de uno de los hombres, que presenciaron horrorizadas los hechos.

La CIAY describió los asesinatos como “uno de los peores actos de barbarie que una persona pueda infligir a otros”

Una vez que el veredicto fue pronunciado, el Juez Patrick Robinson dijo a la Corte: “ Al cierre del siglo XX, un siglo marcado por la Guerra y el derramamiento de sangre en una escala colosal, estos eventos de horror se destacan por la crueldad de los ataques incendiarios, por la obvia premeditación y cálculo  que los define, por la enorme insensibilidad y brutalidad que implica atrapar y encerrar víctimas en dos casas, dejándolas de esta manera totalmente desprotegidas en medio del incendio, y por el grado de dolor y sufrimiento infligido a las víctimas como que fueron quemadas vivas.”

En sus dieciséis años de existencia,161 personas han sido acusadas por la CIAY por crímenes de Guerra y 120 juicios  han concluído hasta ahora.  Existen actualmente dos procesos pendientes: Ratko Mladi y Goran Hadži. Hace dos semanas la CIAY negó una solicitud  hecha por los abogados del antiguo líder  Serbio-Bosnio Radovan Karadžic en la cual se invocaba la incompetencia de la Corte.  El antiguo líder argumenta que en 1996 el realizó un acuerdo con el diplomático estadounidense Richard Holbrooke bajo el cual el no sería sometido a juicio por crímenes de guerra si abandonaba la política. Esta sin embargo es una afirmación que Mr. Holbrooke ha negado rotundamente.

Karadžic fue presidente de la República Srpska y comandante de las tropas Serbio-Bosnias. La comunidad internacional lo persiguió por cerca de diez años.  Fue finalmente capturado en 2008  y actualmente espera el inicio de su juicio en La Haya.

Karadžic está acusado de genocidio, exterminación, asesinato, persecución, deportación, actos inhumanos y otros cargos.  La CIAY ha expresado que no existe evidencia de ningún acuerdo de inmunidad entre Karadžic y los Estados Unidos.

La CIAY fue programada para finalizar labores este año, pero el Consejo de Seguridad ha autorizado que los ocho jueces permanentes y los jueces ad litem, permanezcan en sus cargos hasta finales de 2010 o hasta que hayan entregado los casos al Consejo.

Este tribunal tiene competencia para juzgar las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la antigua Yugoslavia a partir de 1991.  Los jueces del Tribunal son elegidos por la Asamblea General de las  Naciones Unidas, sobre listas propuestas por el Consejo de Seguridad.  En términos generales, el Estatuto del Tribunal prevee el enjuiciamiento  de individuos que han incurrido en delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.  El estatuto no contempla los llamados crímenes contra la paz, posiblemente debido a la circunstancia de que su inclusión hubiera obligado al Tribunal a evaluar las causas políticas del conflicto en la Yugoslavia desintegrada.

A medida que la conciencia humanitaria crece a nivel internacional, muchas conductas del pasado, que eran aplaudidas y glorificadas, se miran hoy bajo una nueva óptica. ¿Cuántas películas vimos en el pasado, que alababan la colonización del oeste norteamericano que enfrentaba al vaquero blanco lleno de virtudes con el indígena malvado? ¿Cuántos libros leímos que elogiaban el colonialismo europeo en África, llevando las virtudes de la civilización frente a pueblos primitivos?

Los tiempos cambian e, igualmente, las mentalidades. En años recientes, varios jefes de Estado han pedido perdón por un pasado que ya no se mira con orgullo, sino con dolor. El 13 de febrero del 2008, el primer ministro de Australia, Kevin Rudd, pidió perdón a las comunidades nativas por los excesos cometidos durante la expansión colonial, en especial el rapto de niños aborígenes. El 11 de julio del 2008, el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, pidió perdón a las comunidades nativas por la destrucción de sus tradiciones culturales. “Ahora reconocemos que fue un error separar a los niños de sus ricas y dinámicas culturas y tradiciones, y que se creó un vacío en muchas vidas y comunidades”. Y añadió: “el Gobierno de Canadá se disculpa sinceramente y pide perdón a los pueblos originarios de este país por haberles fallado tan profundamente. Estamos consternados”, en emotivo discurso ante el Parlamento en Ottawa.

Sin duda, hemos entrado en el siglo del perdón. El 22 de abril del 2005, el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, pidió perdón a los gobiernos de Asia. El discurso lo pronunció en una cumbre multilateral en Yakarta ante líderes de cien países de África y Asia. “En el pasado, Japón, a través de su régimen colonial, causó un daño y sufrimiento tremendos a muchos países, particularmente a las naciones asiáticas”, dijo, y agregó: “Japón se enfrenta sinceramente a su historia con un espíritu de humildad, y con sentimientos de profundo arrepentimiento”.

En la primera visita de un jefe de Estado alemán a Israel, Ángela Merkel afirmó, delante de los 120 miembros del parlamento israelí, que “la Shoa, ejecutada en nombre de Alemania, llena de vergüenza a los alemanes” y manifestó su respeto “ante los supervivientes y ante todos aquellos que los ayudaron a sobrevivir”. Un gesto de reconciliación sin precedentes.

En América Latina las solicitudes de perdón institucionales a las víctimas no han faltado. El 4 de marzo de 1991, el presidente chileno Patricio Aylwin le presentó al país el Informe Final de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Ante sus páginas de horror no dudó en pedir perdón. “Por eso yo me atrevo, en mi calidad de Presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas. Por eso, también, pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden, y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos, que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo”.

El 25 de abril de 1995, el jefe del Ejército de Argentina y actual embajador de su país en Colombia, general Martín Balza, pidió perdón por los excesos cometidos durante los años de las Juntas Militares de Gobierno (1976-1983). Tomando como propias las palabras de Hannah Arendt, afirmó: “No puedo cambiar lo que pasó. Para el pasado sólo tengo perdón, que no es olvido; y para el futuro, la promesa de que no volverá a ocurrir”.

El domingo 5 de julio, en Popayán, el presidente Álvaro Uribe les pidió perdón, a nombre del Gobierno y la sociedad, a las víctimas de la violencia en Colombia. Gesto de enorme valor simbólico que debe servir para reforzar el proceso de paz y reconciliación que añoramos todos los colombianos. Es una paradoja: en el siglo del perdón y de los valores humanitarios, las Farc y el Eln no solamente no han pedido perdón, sino que siguen matando colombianos. ¿Hasta cuándo?

Luego de intentar por varios meses desprenderse del legado funesto de sus predecesores y enfocarse en sus propias prioridades,  funcionarios de la administración de Obama han comenzado a reconocer que no se puede dejar la lucha contra el terror sin sepultura, y se muestran renuentes a revisar algunos de sus más controversiales y clandestinos episodios.

Esta circunstancia se ha producido en medio de las recientes revelaciones acerca de la actividad de la CIA que fue ocultada al Congreso por siete años, el secreto que merodea el poco entendimiento del programa de vigilancia electrónica que se puso en operación sin aprobación de Corte de justicia alguna, y la palabra del Abogado General Eric H. Holder Jr. que favorece el nombramiento de un fiscal para examinar si los investigadores oficiales torturaron sospechosos de terrorismo. (Todavía alguna duda…?)

El presidente Obama y su jefe de staff  Rahm Emanuel ha expresado ciertos temores cuando se trata de mirar hacia la oscura conducta de la administración Bush, puesto que ello forzaría el país a entrar en una espiral de argumentos que divide varios sectores.  Legisladores conservadores se han opuesto a cualquier paso que se dé en este sentido

El senador John Cornyn  ha expresado:  ”Esta es una tendencia terrible… es un asunto de alto riesgo porque si enfriamos la capacidad o la voluntad de nuestros organismos de inteligencia  para obtener la información que es necesaria para proteger el país, podrían generarse unas consecuencias desastrosas.”

Sin embargo, grupos de libertades civiles y miembros del partido demócrata han celebrado la noticia como la culminación de largos meses de esfuerzo dedicados a presionar la administración para que aborde el tema del maltrato a los detenidos y otras posibles violaciones.

“Es tiempo para que finalmente confrontemos  los graves abusos en materia de derechos humanos en que incurrió la pasada administración”, dijo Jameel Jaffer, director del American Civil Liberties Union’s National Security Project. “El inicio de una investigación criminal es un paso crucial hacia la restauración de la autoridad moral de los Estados Unidos y hacia el restablecimiento del Estado de Derecho interno.”

Un funcionario del Departamento de Justicia  subrayó que el Abogado General ha sido renuente a la idea de nombrar un fiscal, luego de varios meses de lectura de material clasificado, incluyendo documentos secretos del Inspector General de la CIA en 2004.

El anuncio del nombramiento de un fiscal en torno a la posibilidad de que investigadores de la CIA pudieron haber operado fuera de los límites fijados por el Departamento de Justicia de la administración Bush, podría producirse dentro de pocas semanas, quizá junto con la revelación de un informe ético que involucra abogados de ese gobierno.

Funcionarios del Gobierno federal están obligados a investigar posibles violaciones de los estatutos que prohíben la tortura y de otras leyes penales.  Es difícil para la administración Obama ignorar material extraído de los informes de vigilancia, del Comité Internacional de la Cruz Roja y de otras fuentes.

“Cuando se encuentran graves violaciones de los derechos, no pueden simplemente barrerse debajo de la alfombra”, dijo el senador Charles Schumer.

Sin embargo, surge la crítica de que limitando cualquier investigación criminal al asunto de los investigadores de la CIA que operaron fuera de los límites legales, y estableciendo la posibilidad de levantar cargos criminales contra los abogados y aquellos que trazaron políticas en ese sentido, la administración actual estaría ofreciendo un argumento para prevenir una actividad en el mismo sentido por parte del Congreso, que podría resultar  más complicada y más pública.

Expertos legales y antiguos funcionarios de inteligencia también han planteado preguntas acerca de la posibilidad  de realizar acusaciones criminales en contra de los investigadores. Fundamentalmente hacen referencia a las pruebas viciadas obtenidas en los campos de batalla de Irak y Afganistán, y al hecho de que solamente un contratista estadounidense haya sido condenado por un delito relacionado con maltrato a detenidos.

Otros demócratas sugieren que la propia Casa Blanca en la administración Bush, podría haber violado flagrantemente la ley cuando ordenó a la CIA ocultar los secretos a la supervisión del Congreso.

Dianne Feinstein, Jefe del Comité de Inteligencia del Senado, confirmó que la CIA ocultó al Congreso información relacionada con un programa encubierto de anti- terrorismo a solicitud del vice- presidente Cheney.

El director de la CIA, Leon E. Panetta, informó al Congreso acerca del programa encubierto, (cuya naturaleza nunca ha sido públicamente revelada). En torno al asunto Panetta  dijo que recientemente se enteró del mentado programa y de la manera como fue mantenido oculto frente al Congreso.

La falla de la CIA en proveer información al Congreso fue dado a conocer hace poco. Las revelaciones han presionado a la administración de Obama a comenzar una investigación en serie de las prácticas de la administración Bush.  Aunque Obama interrumpió muchas de esas prácticas, sus concejeros se muestran desconfiados frente a la posibilidad de acoger la comisión parlamentaria de “verdad y reconciliación” que pretende llegar al fondo del asunto.

Los republianos del Congreso rechazan la idea de cualquier investigación. “Los Democratas han torcido los hechos para adecuarlos a esta pieza de ficción y mostrar su desprecio hacia nuestros secretos de seguridad más sensitivos” dijo Kit Bond, de la junta de Inteligencia del Senado.

Inclusive Feinstein dice que es necesaria la precaución. El adelantamiento de una investigación de inteligencia del Senado debería concluir antes que se produzca una decisión relacionada con la necesidad de adelantar investigaciones adicionales.

Los Republicanos y algunos antiguos altos funcionarios de inteligencia se preguntan aun si realmente la CIA estaba obligada a informar al Congreso acerca del programa.  Antiguos oficiales de inteligencia han dicho que aquello era un esfuerzo técnicamente orientado para la recolección de información de inteligencia que no estaba relacionado con sospechosos de terrorismo o con programa de vigilancia terrorista.

El programa comenzó poco después de los ataques del 11 de Septiembre de 2001 y fue autorizado por Bush como parte de una directiva altamente clasificada. La directiva daba carta blanca a la CIA para intentar la liquidación o captura de miembros de al-Qaeda.

Antiguos oficiales de inteligencia han dicho además que el programa estaba dirigido a mejorar la habilidad de la agencia para cumplir las metas de la directiva.

Según los fiscales, el acusado, que se encuentra preso en una cárcel del sur de Alemania desde el pasado 12 de mayo, será juzgado en un tribunal de Munich, pero no especificaron cuándo. El otoño podría ser una fecha viable para el comienzo del juicio, señalaron abogados de la fiscalía y la defensa.

John Demjanjuk, trabajador retirado del sector automotriz, encabeza la lista del ‘Centro Simon Wiesenthal’ de los 10 criminales de guerra más buscados. El centro dice que el acusado forzó a hombres, mujeres y niños a ingresar en cámaras de gas en el campo ’Sobibor’, lo que hoy es Polonia.

La acusación se basa en los testimonios escritos de supervivientes del campo de ‘Sobibor’. Uno de ellos, Thomas Blatt, de 82 años, explicó en mayo al semanario ‘Der Spiegel’ que los guardias ucranianos de ‘Sobibor’ “fusilaron a los recién llegados viejos y enfermos que ya no podían avanzar. Fueron ellos lo que empujaron a personas desnudas a las cámaras de gas a golpe de bayoneta”.

Demjanjuk dijo que fue reclutado en el Ejército soviético en 1941, se convirtió en prisionero de guerra alemán un año más tarde y sirvió en campos de prisioneros alemanes hasta 1944. En 1951 emigró a Estados Unidos y obtuvo la ciudadanía en 1958.

La principal prueba contra Demjanjuk es su antiguo documento de identificación como personal al servicio de la S.S con el número 1393, cuya autenticidad fue certificada por peritos policiales muniqueses, y que fue determinante para que Estados Unidos accediera a su extradición.

“Este es un hito en el camino para finalmente lograr justicia”, dijo Efraim Zuroff, jefe del Centro Wiesenthal en Jerusalén y prominente perseguidor de nazis. “Un juicio de este tipo envía un mensaje muy importante, que incluso muchos años después de cometidos los crímenes, aún es posible hacer justicia”, añadió.

Médicos expertos consideran que Demjanjuk está capacitado para someterse al juicio, pese a las protestas de su familia, que asegura que es demasiado frágil. Según los fiscales el ucraniano será juzgado en sesiones de 90 minutos por día para evitar quebrantos de salud.

BERLÍN (Reuters, Efe y AFP)

Hogar de una sexta parte de la población mundial, aunque sólo aporta una cuadragésima parte del Producto  mundial, África es la víctima más evidente de la recesión global. Después de media década de crecimiento del 5 por ciento, se espera que la tasa de crecimiento del continente se reduzca a la mitad en 2009. Algunos países, como Angola, se están contrayendo. En otras partes, la crisis barrió con los beneficios de varios años de reforma económica. Muchos africanos volverán a caer en una pobreza apremiante.

Los economistas del desarrollo se retuercen las manos de desesperación: África desafía sus mejores esfuerzos para crear un milagro. En la víspera de la descolonización en 1960, el PIB real per cápita en el África subsahariana era casi tres veces superior al del sudeste asiático, y se esperaba que los africanos vivieran dos años más en promedio. En los 50 años que transcurrieron desde entonces, el PIB real de África per cápita creció el 38 por ciento y la gente vivió nueve años más, mientras que el PIB del sudeste asiático per cápita creció el 1.000 por ciento y la gente vivió 32 años más.

Al principio, la solución para el subdesarrollo del África parecía obvia. África necesitaba capital, pero carecía de ahorros. Por lo tanto, el dinero tenía que venir de afuera -de instituciones como el Banco Mundial-. Dado que cobrarle tasas de interés comerciales a gente hambrienta parecía una usura, los créditos debían ofrecerse con un carácter concesionario -de hecho, ayuda-.

Arrojar dinero a la pobreza se convirtió en una panacea. Era fácil de vender y apelaba a los instintos humanitarios de la gente. También aliviaba la culpa del colonialismo, como con los padres que les hacen a sus hijos regalos costosos para compensar una falta de atención o un maltrato hacia ellos. Pero no hizo ningún bien. La mayor parte de la ayuda fue robada o derrochada. A pesar del incremento de ocho veces en la ayuda per cápita a la República Democrática del Congo entre 1960 y 2007, el PIB real per cápita disminuyó en dos terceras partes en el mismo período.

“Comercio, no ayuda” se convirtió en la nueva contraseña. Dirigida por el economista Peter Bauer en los años 1980, se convirtió en la panacea del Consenso de Washington. África, estaba de moda decir, se recuperaría sólo si desregulaba sus economías y abrazaba un crecimiento liderado por las exportaciones como las economías “milagrosas” del este de Asia. Asesores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional les dijeron a los gobiernos africanos que dejaran de subsidiar a los “campeones nacionales” y derribaran sus barreras comerciales. La provisión de un volumen reducido de ayuda debía estar condicionada al desmantelamiento del sector público.

Para 1996, solo el 1 por ciento de la población del África subsahariana eran funcionarios públicos, comparado con el 3 por ciento en otras regiones en desarrollo y el 7 por ciento en la OCDE. Sin embargo, a pesar del achicamiento del Estado, África no ha dado el salto a la prosperidad. En una afrenta total a la teoría económica, el escaso capital que existe en África está huyendo del continente para ser invertido en sociedades que ya son ricas en capital.

El problema con África, empezaron a decir entonces los economistas, era que no tenía Estados efectivos. Muchos países tenían Estados “fallidos” que no podían proporcionar ni siquiera las condiciones mínimas de seguridad y salud. Con el 15 por ciento de la población mundial, el África subsahariana representaba el 88 por ciento de las muertes vinculadas a conflictos en el mundo y el 65 por ciento de las víctimas de sida. Lo que los historiadores han sabido durante 2.000 años -y que también sabían los economistas clásicos del siglo XVIII- de repente iluminó a la nueva raza de economistas matemáticos de los años 1990 como un relámpago: la prosperidad depende del buen gobierno.

Ahora bien, ¿cómo conseguir un buen gobierno? Restablecerlo o asegurarlo evoca el espectro pavoroso del colonialismo. Después de todo, a pesar de todos sus defectos, el colonialismo ofreció la precondición esencial del desarrollo económico: paz y seguridad. La discusión sobre el desarrollo hoy tiene que ver esencialmente con cómo se pueden alcanzar estas precondiciones de reducción de la pobreza y de crecimiento económico sin colonialismo.

El aporte contemporáneo más interesante pertenece al economista de Oxford Paul Collier. El sostiene que muchos Estados africanos han caído en una o varias trampas de desarrollo de las que resulta extremadamente difícil escapar. Es más, una vez que un país queda atrapado en una de ellas, es fácil caer en la próxima. Ser pobre lo hace a uno propenso al conflicto, y estar en conflicto lo hace a uno pobre. ¿Qué esperanza tiene entonces un país pobre desgarrado por la guerra civil?

Haciendo referencia a la misión británica a Sierra Leona, Collier se muestra a favor de la intervención militar, cuando es factible, para asegurar la paz. Respalda la participación internacional para imponerla paz postconflicto. Pero la asistencia internacional en curso debería limitarse a ofrecer patrones de buena gobernancia voluntarios.

Los esquemas referentes a cómo los gobiernos deberían transparentar el gasto público o de qué manera las empresas extranjeras que extraen recursos deberían dar cuenta de sus ganancias harían que las comparaciones de criterios les resultaran más fáciles a los activistas políticos locales, al mismo tiempo que ofrecerían una fuente de legitimidad para el gobierno. El tan discutido Proceso Kimberly es un proyecto piloto.. Las empresas de diamantes se ofrecen voluntariamente a no comprar en zonas de conflicto en un intento por impedir que los diamantes financien a los caudillos locales.

Esto sería bueno para los negocios, ya que los clientes occidentales adinerados hoy se sienten disuadidos ante la idea de comprar joyas bañadas en sangre.

La integración regional se ha destacado de manera prominente apenas en los últimos 50 años en Europa, pero ya resultó en una serie de beneficios políticos y económicos para los europeos. Una evidencia considerable indica que la integración también podría ser beneficiosa para África, en un marco apropiado para las condiciones africanas.

Este es un proyecto que vale la pena respaldar. Otros esfuerzos merecedores de atención incluyen la formalización de la gigantesca economía informal en Estados como Ghana. Por lo general, estos son proyectos que requieren una pericia internacional bajo mandatos emitidos internamente.

Es una señal de la pobreza de la economía del desarrollo que propuestas como estas sean consideradas de avanzada. Sin embargo, mientras haya un puesto de control cada 14 kilómetros entre Lagos y Abidjan -dos de las principales ciudades de África occidental-, el progreso en el terreno será lento.

Con refugiados que desbordan fronteras, piratas que secuestran barcos y terroristas que encuentran refugio, es evidente que, si bien las soluciones de África le son propias, sus problemas no lo son. El resto del mundo ya no puede permitirse la pobreza de África. Pero la evidencia de 50 años de esfuerzos fallidos es que no tiene ni la menor idea de qué hacer al respecto.

* Robert Skidelsky, miembro de la Cámara de los Lores británica, es profesor emérito de economía política en la Universidad Warwick, autor de una biografía galardonada del economista John Maynard Keynes y miembro de la junta de la Escuela de Estudios Políticos de Moscú.

Copyright: Project Syndicate, 2009.

Articulo publicado en diario colombiano El Espactador

Luego de cuarenta años de lucha infructuosa contra las drogas ilícitas —todo empezó cuando Richard Nixon la emprendió contra los hippies y los jóvenes libertarios de los sesentas—, hoy las opiniones de los partidarios de la legalización empiezan a ser tomadas en serio.

¿Qué ha pasado para que esto finalmente suceda? ¿Fueron acaso los argumentos de los académicos y científicos sociales que durante años pusieron en evidencia la estupidez de esa guerra? ¿O tal vez fue el dolor de las innumerables víctimas que ha dejado esa cruzada puritana? ¿O fue quizás el efecto devastador de las mafias en países como Colombia, Afganistán, Rusia o México?

Pues no, nada de eso. La convicción de los prohibicionistas no tambalea hoy por esas evidencias en su contra, sino por otra cosa: por el dinero que cuesta mantener a los prisioneros de esa guerra.

El caso más dramático se vive en California, un Estado que tiene un déficit de 24 mil millones de dólares, ocasionado por la desastrosa combinación de dos políticas conservadoras: la reducción de los impuestos, por un lado, y la decisión de actuar con dureza frente al consumo de drogas (Get tough on drugs), por el otro. Resultado: mientras hace treinta años el presupuesto destinado a las prisiones era la quinta parte del presupuesto destinado a la educación, hoy ambos presupuestos son iguales y eso debido a que la población carcelaria pasó de 30 mil, a más de 150 mil. Algo parecido sucede en estados como Michigan, Vermont, Oregon, Delaware y Connecticut, entre otros.

Ante semejante descalabro, muchos altos funcionarios están hoy dispuestos a discutir políticas de legalización. Se estima que si los actuales consumidores de marihuana pagaran un pequeño impuesto al consumo, el Estado recolectaría mil trescientos millones de dólares anuales. Eso no acabaría con el déficit actual, pero si a eso se le suma la liberación de todos los que están en la cárcel por fumarse un varillo, la solución estaría muy cerca. Por eso, el gobernador Arnold Schwarzenegger —republicano— ha dicho que el Estado de California está dispuesto a estudiar los méritos de las propuestas de legalización de la marihuana.

Las razones que tiene Schwarzenegger para decir eso son, desde luego, muy distintas a las esgrimidas por los promotores de la legalización: no están fundadas en la defensa de la libertad, no tienen nada que ver con las razones humanitarias que han llevado a los jueces a exigir una mejoría en las condiciones de vida de los presos y tampoco tienen nada que ver con la lucha contra la discriminación de los negros (mientras los consumidores blancos son cinco veces más numerosos que los negros, éstos últimos representan el 62% de los presos por drogas). Son razones simplemente económicas, las mismas que se esgrimen hoy en muchos estados para eliminar la pena de muerte, la cual, aunque no parezca, es mucho más costosa que la cadena perpetua.

Pero a los defensores de la legalización les tiene sin cuidado que los prohibicionistas no crean en principios humanitarios o de libertad. Les basta con que, finalmente, los prohibicionistas sean consecuentes con lo que piensan, es decir, que reconozcan que la mejor manera de ser duros contra las drogas, es legalizándolas.

Steiner enfatiza que los Estados africanos participaron activamente en el establecimiento del Tribunal Internacional en la conferencia de Roma en 1998, y que de los 109 paises que han firmado el estatuto de Roma, 30 son africanos. De esta manera, una clara mayoría de miembros de la Unión Africana han suscrito el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Es además un hecho cierto que todos los cuatro casos actualmente en tramitan ante la Corte, se relacionan con países africanos, pero como lo expresara Steiner en tres de esos casos, los propios países africanos (Uganda, Congo y la República Centro Africana) fueron quienes por voluntad propia refirieron las causas a conocimiento de la Corte Penal Internacional.

Esos casos envuelven supuestos crímenes contra la humanidad cometidos por grupos rebeldes en el curso de conflictos armados. Los tres gobiernos mencionados acudieron a la jurisdicción internacional ante su imposibilidad de juzgar los responsables ante las propias cortes nacionales.  “La Corte no solicitó jurisdicción sobre esos casos, los Estados Africanos “motu proprio” no los enviaron”, declaró la Juez.

Sin embargo, hay un cuarto caso que genera controversia.  Se trata de los crímenes de Guerra cometidos en la región de Darfur, en Sudan, y que ha llevado a la Corte Penal Internacional a expedir una orden de captura en contra del presidente sudanés Omar al-Bashir. De acuerdo con la juez Steiner, esta orden no surgió la de la iniciativa de la Corte sino del Concejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que envió el expediente solicitando a la Fiscalía de la Corte el adelantamiento de la investigación correspondiente.

“Hace cuatro o cinco años, una comisión designada por las Naciones Unidas investigó la situación en Darfur, concluyendo que crímenes serios fueron ejecutados allí.”  Fue sobre esta base que el Concejo de Seguridad remitió el caso a la Corte Penal Internacional. – agregó la Juez Steiner.

El fiscal de la Corte realizó una investigación de tres años y entonces, pidió a la Corte una orden de arresto para al-Bashir. La Corte no puede limitar su decisión a la luz de consideraciones políticas relacionadas con la posibilidad de que la orden pudiera causar problemas para la Liga Arabe o la Unión Africana, o si podría poner en peligro los esfuerzos de paz en Darfur.

“La corte no tiene porqué desplazarse al país en cuestión y mantener discusiones con los politicos o con las fuerzas armadas para decidir si es procedente o no una orden de captura.  Una corte independiente e imparcial no realiza juicios de conveniencia. Un juicio de conveniencia es politico y nosotros tenemos que evitar dicha situación” – afirmó Steiner-.

“El único material al cual los jueces tienen acceso es el relacionado con la investigación, el cual es analizado desde un punto de vista legal y no desde un punto de vista politico.  La Corte no puede asumir análisis políticos”  -agregó-.

Sin embargo, la realidad refleja que algunos estados africanos signatarios del Estatuto de Roma también han expresado su solidaridad con al-Bashir, Steiner afirma que aquellos Estados que han ratificado el Estatuto de Roma, tienen la obligación de cooperar con la Corte Penal Internacional. La falta de cooperación podría llevar a la Corte a enviar una comunicación a la Asamblea de Estados Partes para que ellos tomaran las medidas que juzgaran necesarias.

La juez Steiner además dijo que: “El Estatuto de Roma es un tratado y cuando es suscrito por un Estado determinado, este adquiere el compromiso de cumplirlo.  Este es un principio elemental de buena fe en Derecho Internacional. Un país  que no cumple con sus obligaciones está cometiendo una ofensa internacional susceptible de ser tratada por la Asamblea de los Estados Partes.”

No existe un conceso acerca de cuáles medidas podrían afectar el Estado incumplido, como que este aspecto no tiene regulación alguna en el Estatuto de Roma. Podría ser una decision política de la Asamblea.

El problema no ha surgido todavía porque desde el momento en que la orden de arresto fue expedida, al-Bashir ha tenido el cuidado de no viajar a cualquier país que haya ratificado el Estatuto de Roma.  Sus visitas al exterior se han limitado a países que no son parte de dicho tratado como Eritrea, Zimbabwe y Libya. Tampoco asistió a la posesión del presidente de Sudáfrica Jacob Zuma, sin duda por el temor que le despierta ser objeto de un arresto al momento en que pise suelo Sudafricano.

Al-Bashir no es la única persona que elude una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Ordenes similares fueron expedidas cinco años atrás a los líderes del movimiento rebelde Ugandés, y los barones del ejército de resistencia.  Hasta ahora no ha sido posible llevar esos individuos a La Haya.

“La Corte Penal Internacional depende de la cooperación de los Estados. Si dicha cooperación no existe por incapacidad o falta de deseo, se genera un problema legal en torno al cual, la Corte poco puede hacer ” –concluyó Steiner-.

Es bueno recordar que la Corte Penal Internacional no cuenta con normas que regulen el procesamiento de individuos en ausencia. De esta suerte, si al-Bashir elude su arresto a través de la restricción en sus planes de viaje, eventualmente su intensión de escapar de la justicia internacional  sería exitosa.

En buena hora el Senado Español, según informes de prensa, aprobó limitar la competencia de la “Jurisdicción Universal”.

(A los jueces de la Audiencia Nacional la ley les otorgaba el derecho de juzgar a cualquier persona o crimen, haciendo caso omiso de las leyes o de la jurisdicción de los otros países). Implícitamente la ley establecía, con un tufillo imperialista difícil de ocultar, que España era judicialmente omnipotente y sus jueces depositarios de la verdad revelada. Jueces con inocultable afán protagónico, “pantalleros”, como Baltasar Garzón, aprovecharon esta circunstancia para juzgar, con la idiota complacencia de los medios, a medio mundo. La nueva ley ante el Senado modifica la “Jurisdicción Universal” en el sentido que debe demostrarse que el delito tiene “vínculos relevantes” con España o que haya víctimas españolas o que el autor del delito esté en este país. Para algunas de las asociaciones de juristas y magistrados en España, según los entendidos, “la competencia de la Audiencia Nacional se había desbordado peligrosamente y solicitaron la necesidad de enmarcar la jurisdicción en algún punto geográfico, en algún escenario…”.